MÉXICO.-
Hasta hace poco, la idea de jueces y magistrados haciendo campaña sonaba como un despropósito. La imagen tradicional del juez imparcial, ajeno a la contienda política, parecía incompatible con la lógica electoral. Sin embargo, en México, con la elección del 1 de junio a la vuelta de la esquina, nos encontramos ante un escenario inédito: más de 4,000 personas aspirantes a cargos en el Poder Judicial deberán convencer al electorado de que son la mejor opción. Y para lograrlo, deberán pensar como políticos.
La clave de esta elección no está en la solidez de sus argumentos jurídicos, sino en su capacidad de conectar con la gente. En palabras sencillas, no se trata de ganar debates técnicos, sino emociones. Porque al final, la decisión del votante no será el resultado de un análisis legal, sino de la identificación con una persona y su mensaje.
Esta elección es un experimento sin precedentes. No solo porque se elige por primera vez a jueces y magistrados a nivel nacional, sino porque las reglas del juego son completamente distintas a cualquier otra contienda electoral.
Primero, los candidatos no pueden gastar dinero en campaña. No habrá espectaculares, no habrá spots de radio o televisión contratados, ni grandes mítines. Tampoco podrán recibir financiamiento público para promover sus propuestas. Entonces, ¿cómo harán campaña?
La respuesta está en la comunicación estratégica. En un entorno donde los recursos son limitados, los aspirantes deberán hacer uso inteligente de herramientas digitales, redes sociales y, sobre todo, el contacto directo con los votantes. La capacidad de movilización será clave: aquellos que logren que su nombre resuene más allá del ámbito jurídico tendrán mayores posibilidades de éxito.
Pero, ¿quiénes serán esos votantes? Ahí radica otro gran reto. A diferencia de una elección presidencial, en la que los ciudadanos saben qué está en juego, la elección judicial carece de un marco referencial claro. No hay antecedentes ni existe un interés masivo por el proceso. La mayoría de los votantes no entiende bien cómo funcionará la votación ni qué implicaciones tendrá para el sistema de justicia.
El gran desafío de los candidatos será explicar su papel en la vida cotidiana de la gente. No basta con decir “yo seré un juez independiente”, sino responder una pregunta más concreta: “¿cómo mejorará tu vida si yo soy electo?”. La mayoría de los ciudadanos no tiene contacto frecuente con el sistema judicial hasta que necesita resolver un problema legal. Por lo tanto, los aspirantes deberán traducir sus propuestas a términos cercanos y comprensibles.
Tres tipos de candidatos, tres tipos de campañas
El análisis de la contienda sugiere que veremos tres tipos de campañas:
El defensor de la independencia: Representado por jueces y magistrados que se oponen a la reforma, pero que decidieron participar en la elección para intentar mantener un sistema de justicia autónomo. Su narrativa girará en torno a la defensa de la imparcialidad y la resistencia ante la captura del Poder Judicial.
El promotor de la transformación: Son aquellos candidatos que respaldan la reforma y la presentan como una herramienta para democratizar la justicia. Su mensaje será directo: antes, los jueces eran designados por las élites; ahora, el pueblo decidirá.
Los outsiders: Son figuras que no necesariamente provienen del sistema judicial, pero que buscan representar causas ciudadanas. Hay casos de candidatos que provienen del sector médico o del activismo animalista, por ejemplo. Su ventaja es que pueden conectar con comunidades específicas y generar una base de apoyo real.
Lo que todas estas campañas tienen en común es la necesidad de comunicación efectiva. En un entorno donde el acceso a los medios tradicionales está restringido, la estrategia digital jugará un papel crucial. No bastará con tener presencia en redes sociales; los candidatos deberán aprender a contar historias, generar interacción y construir una identidad reconocible.
Otro aspecto clave es el perfil del electorado. A diferencia de una elección convencional, en la que hay una participación masiva, aquí se espera un porcentaje de votación mucho menor.
Las encuestas muestran que aproximadamente el 60% de la población aprueba la idea de elegir a sus jueces. Sin embargo, el nivel de participación será incierto. En ejercicios similares, como la consulta de revocación de mandato de 2022, Morena logró movilizar al 17% del electorado. En elecciones intermedias, la participación ronda el 40%. Se estima que la votación para la elección judicial se situará en algún punto entre esos dos rangos.
La movilización será el factor determinante. Morena ha iniciado una campaña de afiliación con la meta de sumar 10 millones de personas, lo que podría traducirse en un número similar de votos en la elección judicial. Si esto se materializa, el oficialismo tendrá una ventaja considerable.
Mientras tanto, la oposición ha sido incapaz de articular un relato convincente. No lograron conectar con la ciudadanía ni explicar de manera clara los riesgos de la reforma. Para muchos votantes, el sistema judicial era visto como un ente lejano y elitista. La narrativa de que ahora será “el pueblo” quien elija a los jueces ha resultado efectiva, más allá de las implicaciones políticas que pueda tener.
Independientemente del resultado, la elección de jueces marcará un antes y un después en el sistema judicial mexicano. Si el proceso se consolida, será difícil revertirlo en el futuro. Si fracasa, reforzará la idea de que la justicia no puede someterse a las reglas de la política electoral.
Lo que es un hecho es que los jueces, por primera vez, deberán aprender a pensar como candidatos. Su éxito no dependerá solo de su trayectoria o de su conocimiento jurídico, sino de su capacidad para comunicar, emocionar y movilizar.
México se encuentra ante un experimento sin precedentes. La pregunta es si este experimento fortalecerá la justicia o la convertirá en una extensión del poder político. La respuesta la tendrán los votantes… si es que deciden participar.
POR: HELIOS RUÍZ (México)
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